RECHAZAMOS AMENAZAS A ORGANIZACIONES SOCIALES DEFENSORAS DE DERECHOS DE POBLACIÓN DESPLAZADA EN BARRANCABERMEJA

El Centro de Investigación y Educación Popular-Programa por la Paz (Cinep-PPP) y numerosas organizaciones sociales de todo el país, rechazamos de manera enfáticas las amenazas proferidas vía internet a través de una comunicación de un grupo armado ilegal, en contra de 17 organizaciones de la sociedad civil, defensoras de derechos humanos y sindicatos en el municipio de Barrancabermeja (Santander), bajo la acusación de “oponerse al desarrollo y seguridad del país”.

En dicha comunicación el grupo armado ilegal autodenominado “Comando conjunto de limpieza” amenaza el accionar de estas organizaciones sociales, dentro de las cuales se encuentran el Servicio Jesuita a Refugiados (SJR) y el Programa de Desarrollo y Paz del Magdalena Medio (Pdpmm) organizaciones que, junto con el Cinep-PPP, están vinculadas a la Compañía de Jesús. Igualmente, el grupo paramilitar amenazó al Foro Social, la Asociación de Desplazados Asentados en el Municipio de Barrancabermeja (Asodesamuba), Sindes, Aprocob, Funcodesba, Asociación de Victimas de Crímenes de Estado del Magdalena Medio (Asorvim), la Unión Sindical Obrera (USO), Asociación Campesina del valle del Río Cimitarra (ACVC), 16 de mayo, Sindicato Nacional de Trabajadores de la Industria de Alimentos (Sinaltrainal) y la Corporación Regional para la Defensa de los Derechos Humanos (Credhos), Comité de Desplazados, el Espacio de Trabajadores de Derechos Humanos, la Organización Femenina Popular (OFP) y Asodev.

 

Resulta particularmente preocupante que estas amenazas se suman al ya creciente número de intimidaciones del mismo tipo que entre otros han recibido numerosas organizaciones sociales, y defensores de Derechos Humanos, sin que hasta el momento existan claras medidas gubernamentales para hacer frente a este incremento de ataques y persecución por parte de estos grupos irregulares a las organizaciones de la sociedad civil.

 

Resulta indispensable que el Gobierno Nacional investigue quiénes son los culpables de estas amenazas, proceda judicialmente contra los responsables y, además, defina con claridad las medidas de protección y garantías que ofrece a las organizaciones de Derechos Humanos, sindicatos y demás organizaciones sociales y de desarrollo.

 

 

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