EL DESBORDAMIENTO DE LA CORRUPCIÓN. Artículo escrito por Elisabeth Ungar
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Utilización indebida y desviación de subsidios destinados a sectores económicos golpeados por la revaluación del peso, como por ejemplo los otorgados a algunos floricultores, o los que fueron entregados a un grupo de grandes terratenientes en el marco de un programa que pretendía mejorar la productividad y contribuir a mejorar las condiciones de vida de miles de campesinos pobres, como aparentemente sucedió con Agro Ingreso Seguro; adjudicación de contratos para la construcción de grandes obras de infraestructura sin el lleno de los requisitos y soportes técnicos, financieros y legales para garantizar su ejecución; utilización indebida de influencias y cargos públicos, o la cercanía política e incluso familiar con funcionarios, para obtener beneficios o para encubrir actos abiertamente ilegales como el tráfico de drogas; robo y malversación de ingresos provenientes de las regalías por parte de gobernadores y alcaldes, la utilización indebida de sus rendimientos por directivos de las entidades estatales encargadas de su manejo o el favorecimiento de grandes compañías nacionales y multinacionales mediante la rebaja injustificada del dinero que deben entregarle al Estado como resultado de sus actividades de explotación de recursos naturales; entrega, en calidad de préstamos, a contratistas del Estado e incluso a personas que están siendo investigadas por la justicia por supuestos vínculos con actuaciones ilegales, de recursos originados en actividades ilícitas o de la incautación de bienes a traficantes de estupefacientes; la adjudicación irregular a poderosos sectores económicos de tierras que fueron adquiridas de manera irregular y en ocasiones mediante el uso de la coacción y la fuerza, sin el lleno de los requisitos legales e incluso violando las normas y procedimientos establecidos para tal fin; el pago de favores por las decisiones, acciones u omisiones de funcionarios públicos mediante la financiación de sus campañas políticas; el uso indebido de información privilegiada, por ejemplo sobre las condiciones para acceder a fondos de emergencia, para favorecer a particulares en detrimento del interés general; la frecuente mención a la participación de actores vinculados con actividades ilegales en el sector minero, su presunta presencia en los procesos de adjudicación de bloques mineros, y la aparente prórroga de los contratos de explotación a empresas multinacionales son sólo algunos de los hechos que han llenado los titulares de los medios de comunicación en los últimos tiempos.
Si bien se podría argumentar que “esto siempre ha pasado”, esto no puede ser excusa, como lo intentaron hacer algunos funcionarios al conocerse las primeras denuncias sobre las interceptaciones ilegales por parte del DAS, para soslayar su gravedad e implicaciones en nuestra sociedad. Si bien algunos de estos hechos de corrupción no son nuevos, otros sucedieron en los últimos años, algunos muy recientes, y deben ser objeto de las más severas investigaciones y sanciones, sin importar quiénes sean los involucrados. Las alarmas se han encendido y les compete a las autoridades, a los medios de comunicación y a la sociedad civil vigilar que no se apaguen antes de sancionar a los responsables.
